En la actualidad, existe un acelerado crecimiento de la actividad extractiva específicamente en América Latina. Este crecimiento ha tenido positivas consecuencias en los indicadores macroeconómicos de la región, y ha impulsado transformaciones de alto impacto en las actividades económicas de las regiones en las cuales dicha actividad se ha establecido. Sin embargo, el desarrollo local, que debería haberse beneficiado de este crecimiento, no evidencia el mismo comportamiento, el conflicto social se ha incrementado y es evidente que existe un contexto hostil entre las comunidades frente a los intereses de las empresas de este sector. Así mismo, factores como la ausencia de políticas de Estado que contribuyan de forma real a superar el entorno de pobreza, intensifican este entorno conflictivo desde los frentes social, político, económico y ambiental. 

Las empresas tienen el potencial de influenciar factores de desarrollo local sostenible, lo cual implica que se conviertan en catalizadores del cambio económico que se genera como consecuencia del establecimiento de su actividad, lo cual las convierte en “responsables” de contribuir con una distribución más justa de las inversiones y de los resultados, según el impacto que generen. 

Es así como uno de los principales retos de las empresas es identificar estrategias para fortalecer el desarrollo local y comunitario a través de programas y proyectos que generen impactos reales en cuanto a los beneficios planteados. Esto obliga a que las empresas establezcan no solo acciones con foco en el beneficio social, sino que es cada vez más imperante que puedan evidenciar los resultados que debieron ser planificados, medidos y monitoreados para que, frente a los grupos de interés, se cuente con argumentos verificables de la forma como la contribución está siendo contabilizada. Y, como consecuencia, es cada vez más imperante contar con una base de conocimiento que permita direccionar y re-direccionar planes de acción, conforme con los resultados obtenidos y lecciones aprendidas documentadas. 

Desde otra perspectiva, los grupos de interés asociados al negocio mismo (clientes, proveedores, accionistas, empleados) han sido siempre el centro de la gestión de las empresas. En la actualidad, los grupos de interés se han extendido y tienen más poder para influir en las organizaciones, donde el poder que genera el potencial de comunicación que los mismos poseen aumenta en la medida que disminuye el control que la organización puede ejercer sobre ellos. 

Las empresas, siguiendo lineamientos, buenas prácticas, normas o principios, comienzan a ser impulsadas a comprometer en su gestión gerencial, estrategias para el desarrollo sostenible de comunidades. Estas estrategias terminan siendo programas y proyectos que deben ser logrados para así dar cumplimiento a los compromisos que se establezcan. Para este propósito debe construir procesos específicos para el relacionamiento con grupos de interés, dentro de los cuales las comunidades impactadas o interesadas son protagonistas dada su creciente influencia, y para tal fin se están desarrollando instrumentos que guían a las organizaciones en este proceso complejo. Así, las empresas y los expertos se están viendo obligados a generar nuevos marcos metodológicos y de buenas prácticas para dicho relacionamiento con grupos de interés y diálogo “multistakeholder”. 

Es por esta razón que el portafolio de programas de intervención social debe responder a una formulación de programas y proyectos que combine y balancee los intereses del negocio y de sus accionistas con los grados de influencia, cálculo del beneficio reputacional, nivel de vulnerabilidad, tamaño del riesgo, estimaciones de tiempos y presupuestos, y relevancia específica que el tema tiene para otros grupos de interés y responder así con iniciativas que beneficien tanto al negocio como a la sociedad. Es por tanto necesario contar con una metodología de gestión de portafolio y de proyectos que disminuya el riesgo de dispersar la inversión en resultados no integrados y sin impacto verificable. 

Un modelo de medición de impacto es entonces un resultado de una estrategia que debe permitir integrar todos los indicadores clave de desempeño para así evidenciar la real contribución. Así mismo, el modelo de medición debe permitir a las empresas no solamente conocer y retroalimentar a su interior los beneficios obtenidos, sino ser el instrumento principal para el dialogo con los grupos de interés. Integra por lo tanto elementos clave como son a) la gestión, b) la medición, c) la comunicación y d) la retroalimentación. Esto es lo que genera conocimiento. El fundamento para el crecimiento, mantenimiento o supervivencia de cualquier organización. La Responsabilidad Social medida para que logre evidencias de su alto impacto. 

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